Impacto sociocultural de la crisis económica sobre la población inmigrante

El difícil contexto de recesión económica que actualmente afecta a España está marcando las nuevas reglas del juego entre inmigrantes, población autóctona, mercado de trabajo y políticas sociales. Para comprender este nuevo escenario y conseguir una gestión de los flujos más efectiva que, a su vez, no esté reñida con la intolerancia y con el respeto de los derechos sociales de los inmigrantes, conviene reflexionar sobre seis cuestiones fundamentales:

1. ¿Existe riesgo de nuevos brotes xenófobos en el escenario de crisis económica?
2. ¿Existía ya un dilema de seguridad entre población inmigrante y autóctona antes de la crisis?
3. ¿Está teniendo la tasa de desempleo un comportamiento discriminatorio hacia la población inmigrante?
4. ¿Qué relación existe entre inmigración y tasa de delincuencia?
5. ¿Está sirviendo la crisis como coartada para que España se acerque a Europa ajustando su política migratoria a las exigencias de Bruselas?
6. ¿Cuáles serían las claves para conseguir una mejor gestión de los flujos, sin que sea a costa de recortar derechos sociales a los inmigrantes?

Sólo tenemos que realizar una búsqueda rápida en Internet para tomar el pulso a la opinión pública. Numerosos medios de comunicación y publicaciones on line se hacen eco de lo que al parecer es ya una tendencia muy instalada en la mayoría de los países receptores de inmigración: la estigmatización de los inmigrantes como culpables de la crisis.

Si bien España se ha convertido en un espacio mucho más diverso y multiétnico gracias al incremento de población inmigrante entre sus fronteras, también es cierto que esta nueva composición de la población, unida al acelerado crecimiento del desempleo asociado a la situación de crisis económica, ha generado en la sociedad española cierto recelo hacia la población extranjera.

Como resultado de esa estigmatización de los inmigrantes como culpables de la crisis se incrementan las tentaciones al proteccionismo comercial, se alimentan argumentos que tienen a defender la idea de que el poco trabajo disponible debe reservarse para los trabajadores autóctonos y, de la misma manera, brotan con demasiada facilidad prejuicios que valoran a los inmigrantes como personas que quitan el trabajo a los autóctonos. Desde este encuadre parece lógico pensar que ahora, en tiempos de crisis, sobran inmigrantes y que la opción del retorno a sus países de origen, más que ser voluntaria, es algo a lo que casi se les tiene que obligar.

Lo cierto es que si partimos de la base de que entre la opinión pública crece la idea de que los inmigrantes deben regresar a sus países de origen pero, al mismo tiempo, y a la luz de los datos disponibles, podemos ver cómo ese retorno que se espera no está teniendo los resultados esperados, entonces podemos prever que crezca la tensión entre población inmigrante y receptora, de manera que se incremente ese riesgo a nuevos brotes xenófobos.

En cualquier caso, en tiempos de crisis, la disminución creciente de la demanda laboral aumenta la probabilidad de empleo precario e irregular. En este sentido, la competencia, tanto si es real como si es sólo percibida crea escenarios idóneos para dar rienda suelta a la xenofobia e incita reacciones discriminatorias de la población autóctona contra los inmigrantes y sus familias. Sin lugar a dudas, el nuevo contexto de crisis y de escasez de recursos para todos acentúan esta percepción. Pero ¿se trata de algo nuevo? Sería de gran utilidad analizar si ya antes de la crisis existía un dilema de seguridad entre inmigrantes y sociedad receptora. Para ello hay que tener en cuenta que, junto al hecho de que la última década ha estado marcada por una acentuada expansión económica, aumentando, por tanto, las posibilidades reales de empleo en un contexto de baja natalidad y envejecimiento poblacional, se ha de tener especial consideración con tres elementos a la hora de analizar la situación. El primero de ellos es la rapidez con la que se ha producido el fenómeno migratorio en nuestro país, ya que la población extranjera empadronada ha pasado de suponer tan sólo un 0,5% de la población total en 1995, a representar alrededor de un 10% en 2007. Un porcentaje muy similar al de otros países de la Unión, que han sido tradicionalmente polos de atracción migratoria. En segundo lugar, la elevada proporción de inmigrantes que se encuentran en situación irregular (que se estima superior en España al promedio de la Unión Europea, situado, según estimaciones, entre el 15-20% del total de los inmigrantes). Y, por último, el altísimo grado de diversidad de procedencias, lo que conlleva una notable heterogeneidad social y cultural.

Si a estos elementos le sumamos los condicionantes numérico, geográfico-histórico y político, sobre todo en estos dos últimos casos para la inmigración procedente de países del norte de África, obtendremos las coordenadas clave para descifrar el dilema de seguridad que propicia esa desconfianza previa entre extranjeros y sociedad de acogida.

Esta sensación de inseguridad, de recelo, hacia la población inmigrante se acentúa, se intensifica, en tiempos de crisis. Las principales consecuencias son, como decíamos, la búsqueda de la culpabilidad de la situación de escasez de empleos a los inmigrantes, a quienes queremos mandar a sus países de origen ahora que ya no les necesitamos. Sin embargo, resulta paradójico ver cómo este colectivo está siendo el más golpeado por los efectos de la crisis. En este sentido, ¿está teniendo la tasa de desempleo también un comportamiento discriminatorio hacia el trabajador extranjero? Conviene aquí insistir en que es la población inmigrante la más castigada por las consecuencias de la crisis económica.

Independientemente de la perspectiva de análisis utilizada, las consecuencias de la crisis se dejan sentir con más dureza en aquellos grupos más sensibles y menos protegidos, como es el caso de aquellos que tienen menos antigüedad en la empresa, los que ostentan contratos temporales que, por lo general, suele ser la gente más joven, cuyos despidos cuestan menos dinero a las empresas. En esta línea, si atendemos a las características sociodemográficas de la población inmigrante podemos entonces afirmar que la población extranjera registra una media de edad inferior a la de los españoles y que en términos de temporalidad en los contratos suelen registrar el doble que estos últimos. Por tanto, ambos factores podrían explicar en cierta medida el mayor impacto de la crisis en este colectivo.

Con el mercado de trabajo español en standby se puede esperar que los flujos migratorios se estén redireccionando hacia otras economías ya en recuperación. Sin embargo, numerosas fuentes aseguran que al menos hasta el año 2012 España seguirá precisando de más de 100.000 trabajadores cualificados procedentes de fuera cada año.

Conviene aquí detenerse en un aspecto clave, que es el hecho de que a pesar de la crisis, las familias españolas, y las europeas por extensión, seguirán necesitando ayuda para cuidar a sus niños y ancianos. No podemos olvidar, por consiguiente, que tareas como el servicio doméstico o el cuidado de ancianos son actividades cuya demanda depende más del desarrollo demográfico de la población que de la situación económica. Por tanto, la necesidad que ha tenido y que tendrá España de contar con trabajadores extranjeros difícilmente puede ponerse en entredicho, pues el envejecimiento de la población y la caída de la tasa de natalidad hacen imposible que de forma endógena el mercado laboral español pueda atender sus propias necesidades nutriéndose única y exclusivamente de mano de obra autóctona

En cuanto al impacto de la inmigración sobre la seguridad ciudadana, es decir, sobre las posibles vinculaciones existentes entre la existencia de inmigrantes, tanto regulares como indocumentados y el índice de delincuencia, es importante resaltar que a pesar de que existen varios estudios generales que establecen una relación directa entre ambos aspectos, sin embargo, no son en ningún caso concluyentes. Si bien es cierto que existen razones importantes para pensar que los inmigrantes son más propensos a cometer delitos, sin embargo, los investigadores raramente han producido evidencia sistemática, como es el caso de las investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos. Según distintos autores, históricamente, la opinión pública en temas de inmigración y de la relación de ésta con la delincuencia ha estado más influenciada por estereotipos que por datos empíricos.

Muchos se preguntarán, ante la ausencia de recursos para todos y la escasez de empleo para tantos trabajadores demandantes, ¿es acertado apostar por el cierre de fronteras? Y en este sentido, ¿seguirían las políticas restrictivas generando la proliferación de la inmigración irregular y de las mafias, aún en tiempos de crisis? Sin embargo, el endurecimiento de las políticas migratorias, más que tener los efectos esperados y conseguir minimizar los flujos, imprime a éstos nuevas características: feminización, incremento de la movilidad geográfica y diversificación de las actividades económicas, que se traduce en un aumento de la invisibilidad y, por ende, del rechazo, de los brotes xenófobos y de la delincuencia.

La consecuencia más inmediata de este tipo de políticas migratorias es que parecen olvidar la consideración de los derechos humanos, al parecer olvidados en las tres piezas clave de toda política de inmigración comunitaria: no se tienen en consideración ni en la gestión de los flujos (reducida a la policía de fronteras), ni en la gestión de la presencia de inmigrantes en las sociedades de acogida (donde imperan las necesidades del mercado), ni en las relaciones con los países de origen (donde nos empeñamos en asociarlas a las funciones de policía de fronteras, acuerdos de readmisión y demás).

Entre las propuestas que ayudarían a mejorar la gestión de los flujos migratorios sin renunciar al reconocimiento de derechos a los inmigrantes cabe destacar medidas como la Movilidad, sobre la base de una migración circular de trabajadores, propiciando la apertura de fronteras para los trabajadores de alta cualificación, apostando, en última instancia, por políticas integradoras, inclusivas en derechos para todos.

Otra de las claves se encuentra en conseguir abordar el fenómeno de la inmigración desde una perspectiva multidimensional, donde se tengan en cuenta las consecuencias y las causas de la inmigración, pero no sólo en las sociedades de acogida, sino también en las de origen, desarrollando lo que se ha denominado ‘Enfoque Global’. Además, conviene acercarse al estudio de este fenómeno desde una óptica multidisciplinar, que ponga en relación la interdependencia entre las distintas disciplinas desde las cuales se podría llevar a cabo el análisis de cuestiones concretas, como lo haría el jurista en aspectos legales, el demógrafo en cuestiones de población, o el economista en temas relacionados con la oferta y demanda o los niveles de riqueza o pobreza en distintas áreas geográficas pero que, en definitiva, nos permita complementar unos análisis con otros.

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